Por años, los habitantes de Honda han esperado la construcción de dos muros de contención que reduzcan el riesgo que genera el río Gualí en varios sectores, entre ellos el de la plaza de mercado.
Por ello, ante los cinco años de retraso que se tienen en la entrega, a finales de enero el alcalde Juan Guillermo Beltrán decidió hacer efectiva la multa y las cláusulas establecidas dentro del contrato con el consorcio Control Presas Honda como ejecutor de la obra y del consorcio Río Gualí como interventor técnico del proceso.
Igualmente, el Municipio declaró el siniestro y solicitó hacer efectiva la garantía entregada por la Compañía Nacional de Seguros, como entidad aseguradora de Presas Honda, al igual que de la Compañía Seguros del Estado S.A., aseguradora de la empresa interventora.
Una vez se dio a conocer esta medida a través de la resolución 071 del 29 de enero pasado, las dos aseguradoras interpusieron los recursos de reposición respectivos, pero no fueron sustentados, por lo que fueron rechazados.
Por este motivo, Nacional de Seguros S.A. interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía de Honda, en el Juzgado Primero Civil Municipal, solicitando el derecho al debido proceso, a la defensa y que se ordene la nulidad “por inconstitucionalidad de toda actuación irregular adelantada por la Alcaldía”, dice el documento de la tutela.
Una vez el juzgado revisó el proceso y los argumentos en que se sustentaba, resolvió no conceder “amparo solicitado por Nacional de Seguros”.
Intereses de por medio
Sin embargo, el proceso no paró allí. El 26 de febrero Control Presas Honda, en cabeza de su representante legal, Juan Pablo González, instauró una acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura, sala jurisdiccional de Barranquilla, ciudad que aparece como el domicilio del contratista, en contra del Ministerio de Vivienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Municipio.
En dicha acción jurídica, la parte demandante solicitó revocar las resoluciones expedidas por la Alcaldía, también “declarar la nulidad del procedimiento administrativo sancionatorio, (…) lo cual incluye dejar sin efecto su decisión final, toda vez que se está causando perjuicio irremediable” al Consorcio, se indica en el documento de la demanda. Se añade que se violó los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y la contradicción.
Por su parte, Beltrán dijo que es un tema difícil, porque “hay muchos intereses de por medio, el contratista tiene una aseguradora, que es Nacional de Seguros, que nos entuteló, dicha acción jurídica la interpusieron en Bogotá, pero el juez la envió a Honda por competencia.
“Acaban de poner otra por los mismos hechos, cosa que es ilegal y la admitieron en la Sala Laboral Tribunal Superior de Barranquilla, ellos no tienen la competencia y el juez está dando trámite a esa tutela”, complementó.
Afirmó que hay personas que no ven conveniente que se declare el incumplimiento, porque el contratista de las obras del río Gualí sería el mismo al que el año pasado le adjudicaron un contrato cercano a los $60 mil millones para construir el acueducto de Yopal.
“El constructor del acueducto, que adjudicó Findeter, es un contrato con la firma JPG, que significa Ingeniería Juan Pablo González, el mismo del Consorcio del Río Gualí. Entonces, si aquí lo ejecuto, entran en crisis las obras de Yopal.
“Entonces, la pregunta es cómo el Gobierno adjudica a un tipo que aquí venía incumpliendo la construcción del acueducto de Yopal. Creo que eso ha generado intereses muy marcados en el tema”, indicó el Mandatario.
Cabe recordar que esta obra surgió a raíz de la orden de un juez Administrativo de Ibagué y el Gobierno nacional dispuso para cumplirla $26 mil millones, pero a pesar de la medida y de que el dinero estaba listo, se convirtió en un proyecto inconcluso.
Por su parte, el Consorcio en su defensa da a entender que la audiencia pública, a la que fue citado en enero, no se le dio el tiempo suficiente para prepararse y entregar respuestas, igualmente que parte del retraso de las obras se debería a unas modificaciones que tuvo que hacerse a las mismas.
“Para terminar todo lo del Río, son necesarios $20 mil millones más. El diagnóstico estuvo mal enfocado, nos falta un muro de contención en la margen derecha del afluente y corregir lo que ellos (constructora) hicieron mal, eso vale más o menos $10 mil millones, es decir que estamos necesitando casi 30 mil millones”, explicó.
Beltrán dijo que aunque la nueva tutela esté radicada en el Atlántico, el fallo debería darse a favor del Municipio, por toda la trayectoria que ha tenido esta obra que se inició en 2010. De no ser así, la Administración municipal llevaría el caso ante la Corte Constitucional.
“Arrancamos la liquidación del contrato y aspiro a que en los temas jurídicos no nos extendamos más de cuatro meses, por ello, en junio espero estar sentado con el Gobierno diciéndole ‘falta esta plata, cuánto van a colocar y cómo la vamos a hacer’, (ya que) de toda esa plata (los $26 mil millones destinados para la obra), lo único que queda son $5 mil millones, que están en regalías esperando que se resuelva el tema”, acotó Beltrán.
Propuestas para la comunidad pesquera
El tema social es otro de los retos por enfrentar en la Ciudad de los Puentes, debido a que su actividad económica principal es la pesca, labor con la que ya no se puede contar, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesa el río Magdalena.
¿Por qué la población pesquera está atravesando por una crisis?
La crisis del río es estructural, es decir que viene desde hace unos 15 años por varias razones: el Gobierno nacional no tiene una política pública de pesca artesanal; además, no hay control de la pesca indiscriminada con métodos no convencionales, ya que antes de que llegue el pescado a Honda, se trabaja con trasmallo y dinamita, lo que hace que el pescado no llegue.
¿Cuál es su propuesta para afrontarla?
Entre las estrategias que tiene el Municipio está buscar apoyo en la Aunap y en Cormagdalena, entidades que están ejecutando un plan de mejoramiento de ciénagas. Una de las ideas fue sembrar un millón de alevinos en la ribera del río. Pero este es un trabajo de recuperación que puede tardar hasta seis años.
Otra idea es solicitar un carropesca a la Aunap, con un cuarto frío para transportar hasta Bogotá entre dos y tres toneladas de pescado, en época de subienda. De esta manera se busca eliminar a los intermediarios y comercializar el pescado en Bogotá para tener mayores ganancias.
De otro lado, a la par se está gestionando propuestas productivas con el Ejército nacional, para que los pescadores tengan una actividad adicional, “entregaríamos un capital semilla, para que sean productivos en el tiempo, ahí se ha pensado en el cultivo de tilapia y de otras especies cultivables, y un segundo es el programa de ecoturismo, esto incluye la compra de cuatro lanchas, las capacitaciones y el acompañamiento financiero y contable.
¿Le ha faltado al Estado más trabajo dirigido a proteger el río Magdalena?
En cuanto a la protección de las ciénagas, hasta ahora el Gobierno empezó a trabajar en ellas, no solo en la grande de la Magdalena, sino en las más de 200 entre pequeñas y grandes que hay en su recorrido.
Ni el Ministerio de Ambiente, ni las corporaciones autónomas se han tomado el trabajo en serio, cada uno se bota la pelota, el Ministerio dice que el que debe protegerlas es Cormagdalena y esta dice que solo les corresponde el aprovechamiento comercial del río, porque a las ciénagas las debe proteger en el recorrido cada corporación autónoma y al final nadie responde.
Acciones contra el microtráfico
El inicio del mandato de Beltrán estuvo marcado por la lucha en contra de este flagelo que poco a poco ha ido tomándose el territorio departamental. La acción de respuesta oficial fue posible tras un trabajo articulado entre la Administración municipal y la Policía nacional, medida que permitió que 50 unidades se tomaran el municipio por ocho días e hicieran un barrido, lo que dejó buenos resultados, como incautación de marihuana y cocaína, al igual que la recuperación de motos robadas y varias capturas.
“Adicional a eso, a fines de enero expedí un decreto que restringe la presencia de los menores de edad en la noche, así ningún menor puede estar en la calle después de las 11. Creo que es una medida que deben empezar a tomar muchas ciudades y es una herramienta para los padres.
“Eso ha venido sirviendo para disminuir mucho el microtráfico, lo estamos reduciendo a los niveles mínimos de impacto social”, dijo.
Y agregó que “también se ha pensado en volver a crear jornadas y campeonatos deportivos nocturnos, de esta manera los jóvenes tienen algo que hacer en las noches, lo mismo que constituir espacios culturales para el teatro y la cuentería, así se busca bajar el número de menores de edad que están en las drogas”.
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Tomado de;
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/284371-problemas-contractuales-y-sociales-los-mayores-retos-que-enfrenta-el-alcalde-
