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.Junio 17 de 2013.
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Los colombianos seguimos con la impresión de que ha hecho falta pedagogía y un estrategia clara de comunicaciones que permita al ciudadano del común comprender —más allá de los expertos y estudiosos— la amalgama de términos que encierra un proceso de paz que por obvias razones históricas es comidilla de todos los días en el hogar, el trabajo, en la calle y especialmente en las redes sociales donde la gente opina y saca conclusiones.
En cualquier foro o escenario que promueve sensibilidad sobre la metodología de este proceso con las Farc, usamos buena parte del tiempo en definir cuál es el término apropiado: si desmovilización, reinserción o reintegración; si dejación de armas o entrega de armas. Y en este país de leyes, cualquier matiz puede significar poner en riesgo los intereses nacionales, o arrodillarse, desde la orilla de los más vehementes.
Sin querer entrar en esa discusión que podría ser bizantina, lo fundamental para las dos orillas de opinión que más argumentan en redes sociales y debates, es ponerse de acuerdo en que el objetivo final, dentro de un posible acuerdo con las guerrillas de las Farc, es terminar el conflicto y pasar a un nuevo escenario de “transición”, como lo ha llamado el Alto Comisionado para la Paz.
Esa ruta del gobierno nacional, en términos generales plantea la profundización de la democracia en los territorios donde ha habido poco Estado y pocas libertades. Es decir, afianzar Estado con suficientes capacidades y músculo institucional, que permita transformar las regiones que han estado marginadas de la vida económica y social del resto del país. Es por esto que el Estado debe llegar allí, para no salir nunca más, porque donde existe débil control institucional se facilita el control ilegal del territorio.
Con la firma de un acuerdo entre el gobierno y las Farc, comenzaría un proceso de “transición” hacia el posconflicto, lo que significa un arduo camino de reconciliación, reconstrucción política, económica, territorial y del tejido social.
En este sentido, todos los colombianos pueden aportar, pues el gobierno no puede solo. Han sido tantos los años de abandono del país rural donde se instaló el conflicto con las guerrillas, que cualquier cosa que se haga como respuesta rápida no se notará en el mediano plazo. Y ya no estamos para paños de aguas tibias en los pueblos donde no existen servicios, salud, educación, vías terciarias y acceso a los mercados de los productos campesinos.
Basta tomar como referencia los Montes de María, territorio de no más de 7 000 kilómetros cuadrados, donde el Estado integralmente derrotó a las autodefensas en junio de 2005 y terminó finalmente con las guerrillas del ELN, ERP y dos frentes de las Farc en octubre del 2007. En esa porción del territorio nacional, no ha sido posible la consolidación y reconstrucción territorial; no hay vías terciarias, ni ambulancias; la gente hace fila para llegar a los aljibes a llenar su calambuco de agua, los agricultores pierden sus cosechas de aguacate por los problemas fitosanitarios, por el pésimo estado de las vías y las bacrim reviven fantasmas, haciendo presencia sobre el golfo de Morrosquillo.
Un acuerdo final con las Farc implicará para el gobierno adquirir suficientes capacidades institucionales para resolver los dilemas que surgirán al examinar en detalle los compromisos para la transición al posconflicto y para la construcción de una paz estable y duradera. Solo con recursos extraordinarios, con instituciones y funcionarios extraordinarios, el gobierno podría resolver el cómo fortalecer los gobiernos locales y regionales, y el cómo instalar justicia.
Los alcaldes y gobernadores estarán a cargo de las grandes ejecuciones: deberán gestionar y articular con todas las entidades del Estado mayores capacidades, deben desarrollar estrategias para profundizar la democracia y la transformación profunda de sus territorios, crear nuevas condiciones sociales, e implementar los puntos sustantivos que se acuerden en La Habana.
Tamaña tarea no imposible, que requiere el apoyo de todos los colombianos, si queremos transformar la Colombia rural, para transitar por fin, hacia un nuevo escenario de paz y prosperidad, que permita la reconstrucción de lo que se destruyó por efecto del conflicto armado.
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1 comentario:
Sin duda, la historia nos permite conocer casos de posconflicto en nuestro vecindario latinoamericano, de cuyo estudio hemos logrado extraer conclusiones de pedagogía humana, politica, cívica y económica para reajustar las estructuras organizacionales y funcionales de la nación y el Estado y aclimatar nueva convivencia, siempre y cuando haya convicción y voluntad para hacerlo así. La nación involucra tanto el gobierno como el territorio y la población; desafortunadamente no hay sinceridad ni decencia suficientes en el manejo de estas situaciones complejas y delicadas. Esto genera mayor desconfianza y rechazo porque los procesos de paz se convierten en asamblea de oportunistas y desfile de pregoneros de ilusiones. Entre más intromisión extranjera en esto, mayor desconfianza y escaso acuerdo. Muchos países y organismos internacionales le meten la mano al caso colombiano, en términos burdos esto es manoseo. El posconflicto como realidad concreta nacional aún no llega a Colombia, sigue siendo algo distante y por tanto no figura en el imaginario de la gente. Su construcción será exigente, difícil y compleja, pero algún día habrá que abordarlo con decisión y buena fe.
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